Rechazan ampliar la causa a Cobre las Cruces con dos nuevas denuncias

Sevilla, 8 oct (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha anulado la decisión de un juzgado de ampliar con dos nuevas denuncias la causa abierta contra la mina Cobre las Cruces de Gerena (Sevilla) por presuntas balsas ilegales y contaminación de aguas públicas con arsénico.
El juzgado de instrucción 19 mantiene imputados a cuatro responsables de la mina por delitos de daños y contra el medio ambiente por la presunta construcción ilegal de balsas, la extracción e inyección de aguas alterando los volúmenes permitidos y la contaminación de aguas públicas con arsénico, en una denuncia presentada en 2008 por la Fiscalía de Medio Ambiente.
En mayo pasado, la juez acordó incorporar a estas diligencias dos nuevas denuncias: una de junio de 2010 por detracción no autorizada de agua del acuífero Niebla-Posadas y otra de noviembre de 2010 por supuestos vertidos no autorizados al arroyo Garnacha, que confluye en el Rivera de Huelva, afluente del Guadalquivir.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, anula ahora esta decisión de la juez y dice que corre el riesgo de convertir las diligencias en "una causa general o cajón de sastre que englobe todo tipo de infracción administrativa cometida por la empresa en cuestión -por nimia que sea- con posteridad a los hechos".
Además, entienden los magistrados que "no se aprecian indicios de que los citados nuevos hechos constituyan infracción penal", por lo que atienden el recurso de los imputados contra la acumulación de nuevas diligencias.
En apoyo de su interpretación, dice el auto que los propios técnicos de la Junta consideraron que, aunque las aguas vertidas contenían sustancias peligrosas como arsénico, cadmio, cobre, cromo y otros, "se comprobó que no hubo incidencias relevantes en el cauce, estimándose poco probable que el vertido alcanzara al arroyo Garnacha" y la administración "consideró suficientes las acciones preventivas tomadas".
En cuanto a la detracción de agua del acuífero, añade el auto que la Junta, a preguntas del juzgado sobre los posibles daños al dominio público hidráulico, respondió que el expediente sancionador se ciñó "a la detracción no autorizada de agua del acuífero", con "una pérdida neta de 531.332 metros cúbicos por compensar".
La Audiencia señala que hay más de dos años de diferencia entre los dos hechos denunciados y que no existe "continuidad delictiva" ni "delitos conexos".