jueves, 18 de diciembre de 2008

El sector de la energía renovable reclama, en Gerena, menos burocracia y mayor seguridad normativa

La Consejería de Agricultura tiene previsto destinar 516 millones de euros a la creación de 25.000 puestos de trabajo en el medio rural entre 2009 y 2015
Las empresas de energías renovables reclamaron ayer de las administraciones públicas una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones, especialmente en el apartado normativo, y una reducción de los trámites burocráticos que permita su implantación de manera más rápida y eficaz en Andalucía. Éstas fueron algunas de las principales conclusiones de la Jornada Técnica sobre el citado sector empresarial celebrada ayer en Gerena bajo el patrocinio del Grupo Joly y del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Corredor de la Plata. La Junta de Andalucía manifestó que su apuesta en este terreno queda explicitada en el Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural, cuyo objetivo es la creación de 25.000 empleos "de calidad" entre 2009 y 2015.
Tanto en la mesa redonda, en la que participaron varios representantes empresariales, como en las ponencias anteriores, los participantes resaltaron las posibilidades del medio rural andaluz y del Corredor de la Plata, en particular, para el desarrollo de proyectos de energía renovable, especialmente en el terreno de la solar.
Entre otras ventajas, la comarca (integrada por los municipios de Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, Gerena, El Garrobo, El Madroño y El Ronquillo) cuenta con condiciones climáticas favorables para la captación de la energía solar, con grandes fincas en las que ubicar instalaciones de gran tamaño y con apoyo institucional, tanto de sus ayuntamientos como de la Junta de Andalucía.
¿Cuáles son los obstáculos? "La complejidad de los trámites administrativos hace que la puesta en marcha de una planta pueda demorarse entre cinco y siete años", sentenció Julio Pérez, director de Mercado de Endesa Cogeneración y Renovables. Sus palabras fueron apoyadas por el resto de sus colegas, como Antonio Milla, director general de Bogaris, quien puso el acento en la necesidad de que los fabricantes de los productos tecnológicos utilizados por las plantas de energía renovable, las entidades financieras que apoyan los proyectos y los propios promotores cuenten con un margen de "seguridad jurídica" lo suficientemente amplio como para conseguir la supervivencia de los proyectos con unos costes asumibles.

Milla abundó en esta cuestión y subrayó que en España se da una peculiar refriega autonómica por captar las cuotas de producción de energía eléctrica -de acuerdo al marco regulatorio establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- poco acorde con la voluntad de consenso manifestada por los políticos. "No es lógico que compitamos con el resto de comunidades autómomas", dijo, para recordar a continuación que Andalucía "perdió el tren tecnológico" frente a otros territorios en la fabricación de aerogeneradores pese a que fue en Cádiz donde se instalaron estos primeros molinos.

Fernando Salinas, director de Promociones Termosolares de Fotowatio, destacó la "ausencia de estabilidad en el régimen regulatorio" existente años atrás en el sector fotovoltaico y la "ineficacia" que genera la burocracia administrativa por la existencia de una normativa autonómica demasiado "dispersa". También destacó las dificultades que presentan las concesiones de agua por parte de las confederaciones hidrográficas.

Una perspectiva y experiencia más optimista expuso Luis Alberto Solá, director general de Shott, una multinacional alemana especialista en la fabricación de los tubos de vidrio que utilizan muchas plantas termosolares. En 2007, la empresa inició el proyecto para instalarse en Aznalcóllar y catorce meses más tarde ya estaba operativa su factoría, en la que ahora trabajan 150 personas, de las que 15 forman parte del departamento de I+D+I y en la que se forman los ingenieros y operarios que a medio plazo se irán a trabajar a las instalaciones en EEUU. "Tuvimos muchas ofertas y se libró una gran batalla política entre autonomías para acoger nuestra fábrica, pero el apoyo total que nos ofreció la Junta de Andalucía fue decisivo", sostuvo.

A las críticas contra la burocracia administrativa se sumó el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), quien en la clausura definió a la Consejería de Medio Ambiente como "la casa en la que todo enloquece, en la que se sabe cuándo entra un papel, pero no cuándo va a salir".

Pereira sostuvo que el incendio forestal sufrido en la comarca en julio de 2007 "posibilitó una reflexión y despertó en la conciencia colectiva la necesidad de aprovechar las energías renovables" como motor de desarrollo. "Sin ser presuntuosos", dijo el regidor, la instalación de varias empresas punteras en el ramo ha convertido el Corredor de la Plata en "un referente en la producción e investigación de esta temática".

"O cambiamos nuestra forma de vivir o nos la cambian". La frase fue lanzada por Agustín Cosano, director del área de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico de la Diputación de Sevilla, para quien las energías renovables son "un reto y una necesidad" en un mundo que afronta el reto del cambio climático. "Es una nueva revolución de la que Andalucía no puede quedar descolgada", afirmó.
Cosano dibujó un pasado y un presente pesimista -puso como ejemplo la cifra de emisiones de CO2 a la atmósfera en la provincia, "para echarse a llorar"- si bien dejó abierta una puerta a la capacidad de mejora.
En representación del Gobierno andaluz, José Luis Sánchez Teruel, director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, expuso que las energías renovables y el medio rural "deben ser y son aliados estratégicos para construir el futuro de manera sostenible".
El representante de la Consejería de Agricultura y Pesca detalló la inversión que el departamento desarrollará en los próximos siete años, con una media de más de 73 millones de euros por ejercicio, unos 516 millones, y la finalidad de los programas diseñados: hacer que el dinero público actúe como agente incentivador de la iniciativa privada.
Fuentes de su departamento indicaron que de la experiencia desarrollada entre los años 2000 y 2008 se deduce que por cada euro invertido por la Junta de Andalucía en energías renovables, los empresarios pusieron de su bolsillo dos euros. En dicho periodo, en los dos programas de incentivos llevados a cabo por la Junta han participado las comarcas sevillanas de Los Alcores, Bajo Guadalquivir, La Vega, Aljarafe-Doñana y Estepa-Sierra Sur, con un montante de ayudas de 1,2 millones de euros.
El objetivo ha sido incorporar la producción de las energías renovables al mundo rural, fomentar la eficacia en la producción y el ahorro.