La Confederación del Guadalquivir pasa a la Junta la «patata caliente» de mina Las Cruces

JOSÉ CEJUDO.
SEVILLA
Publicado Sábado, 06-12-08 a las 07:43
La Junta de Andalucía tiene todas las papeletas para recoger una auténtica «patata caliente»: la responsabilidad de decidir en solitario sobre la continuidad o no del proyecto de la empresa Cobre Las Cruces, por la demora de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que preside Francisco Tapia, en dar una respuestas al plan de viabilidad que la compañía presentó meses atrás para evitar problemas de filtraciones en el acuífero. El 1 de enero de 2009, la Confederación, actualmente adscrita a la Administración central, desaparecerá como tal y pasará a depender de la Consejería de Medio Ambiente dentro del nuevo organigrama de la Agencia Andaluza del Agua.
La compañía minera, que recibió una orden de parada total en mayo por problemas de contaminación de aguas, que siempre negó, comenzó a trabajar parcialmente para efectuar drenajes en el acuífero Niebla-Posadas en noviembre por decisión judicial, tras mediar una querella de la Fiscalía. Ahora está a la espera de obtener la luz verde de la Confederación para reactivar la totalidad de las labores.
Sin fecha
Fuentes de la CHG señalaron a que al día de ayer se desconocía cuándo se iba a hacer público en pronunciamiento sobre si se otorga o no la autorización, en respuesta al plan de viabilidad presentado por la empresa en septiembre.
En principio, el programa debe ser valorado por el Instituto Geológico y Minero y el Centro de Estudios y Experimentación, que entre otras actuaciones tienen que desarrollar modelos de simulaciones. También los expertos en geología de minas y comportamiento de los acuíferos emitirán sus respectivos informes, y con todos los datos disponibles la Confederación tomará una decisión.
Otra circunstancia añadida es que la persona encargada en la CHG de hacer un seguimiento de todo este proceso, el anterior comisario de Aguas, Javier Serrano, ha sido «fichado» por la Consejería de Medio Ambiente para ocupar un alto cargo en la Agencia Andaluza del Agua, pasando el expediente sobre Las Cruces a manos de un funcionario de la CHG, al menos hasta que culmine el proceso de traspaso de competencias.
La demora del organismo que todavía gestiona la cuenca en dar cumplida respuesta a la petición de la empresa de recuperar la normalidad, está poniendo en serio riesgo el futuro de la compañía minera.
De mantenerse esta dilación, serán los futuros gestores de la cuenca del Guadalquivir, ya bajo la responsabilidad de la Comunidad autónoma, los que tengan que desbloquear una situación que se enquistó la pasada primavera.
Y en última instancia, será la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la que dé el sí definitivo, aunque en este caso se trataría de una mera formalidad desde el punto de vista administrativo. En su momento, fue Innovación la que en mayo del presente año ordenó paralizar la mina a instancias de la Confederación Hidrográfica, tras detectarse problemas de contaminación, que sien embargo la empresa negó.
Con posterioridad, en septiembre la Fiscalía de Sevilla presentó una denuncia contra Cobre las Cruces por delitos contra el medio ambiente y daños, si bien el Juzgado de Instrucción número 19 autorizó parcialmente la reanudación de las labores, una vez adoptadas las medidas correctoras, verificadas por la Confederación del Guadalquivir, el Centro de Estudios y Experimentación (Cedex) y el Instituto Geológico y Minero.
En paralelo, la empresa presentó un plan de viabilidad para garantizar la seguridad del acuífero Niebla-Posadas, iniciativa que a estas alturas todavía está siendo analizada por la Confederación.
La solución ofrecida por la empresa, con un programa que supone un coste adicional de 10 millones, consiste en la instalación provisional de tres plantas móviles de depuración por ósmosis inversa que serán sustituidas por una permanente si obtiene el permiso para reanudar los trabajos.
Ayer se supo que la Consejería de Medio Ambiente, informa Ep, ha elevado al Juzgado la petición de la empresa para desembalsar en el dominio público terrestre aguas de contacto «permanentemente depuradas» y depositadas en dos balsas cuya capacidad podría verse superada por las interrupciones en el drenaje.