La Fiscalía de Sevilla ha puesto una querella contra la empresa minera Cobre las Cruces por delitos contra el medio ambiente y de daños al estimar que los trabajos en la explotación a cielo abierto "afectan a las aguas públicas por su intoxicación con sustancias nocivas, tales como arsénico".En un comunicado, la Fiscalía ha informado hoy de que la querella la ha interpuesto su sección de Medioambiente, Delitos Urbanísticos y Patrimonio Histórico como consecuencia de "construcciones ilegales de balsas y extracciones e inyecciones de agua efectuadas por dicha empresa en terrenos que afectan a las localidades de Gillena, Gerena y Salteras", en la provincia de Sevilla.
Cobre Las Cruces SA, dedicada a la extracción de material minero y que se encuentra en fase de construcción, recibió autorización de drenaje e inyección a instancias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en fecha 30 de octubre de 2003, si bien bajo una serie de condicionantes, a fin de evitar la contaminación del acuífero Niebla-Paradas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla, señala el comunicado.
La CHG realizó el 4 de julio de 2007 una visita a la instalación minera, "tomando muestras y apreciando que el sistema de reinyección implantado no respondía plenamente a la previsión, al margen de otro número importante de incumplimientos y contingencias", afirma el comunicado de la Fiscalia.
Las muestras arrojaron la presencia de diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores a los marcados por el RD 140/03 de 7 de febrero, en el que se establece la calidad del agua para el consumo humano, a la vez que se apreció un incumplimiento radical de la obligación de reintegración al acuífero de los caudales extraídos.
A raíz de estas circunstancias, la CHG acordó la suspensión de las operaciones de drenaje e inyección el 12 de mayo de 2008, procediendo al precinto de los sondeos al tiempo que se incoó un expediente sancionador, siendo considerada la infracción muy grave y previéndose una posible multa de 568.419,20 euros, señala el comunicado.
Por su parte, la Consejería andaluza de Innovación y Ciencia el 14 de mayo de 2008 resolvió ordenar a la entidad privada la suspensión provisional de las labores de profundización de la corta, de conformidad con la suspensión de la Confederación y exigió la continuación de las condiciones mínimas de seguridad de las instalaciones mineras.
Las inspecciones llevadas a cabo por la CHG revelaron asimismo la existencia de balsas de captación y acumulación de aguas no autorizadas y el comunicado indica que la construcción de esas balsas "alteran gravemente" el natural discurrir de las aguas, impidiendo la expansión de las avenidas, con posibles daños a personas, bienes o medio ambiente
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