El pasado martes, la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha notificado a Ecologistas en Acción una sentencia firme que anula las medidas cautelares que dictó la Magistrada Juez Sra. Mirmam Castillo por las que otorgó licencia a la Mina de Las Cruces para el paso de sus tuberías de vertido tóxico por el término de La Algaba.
El pasado mes de marzo de 2007 la empresa minera Cobre las Cruces decidió impugnar en los tribunales la decisión del Ayuntamiento de La Algaba de suspender la tramitación de la licencia para el paso de las tuberías de vertido tóxico desde la Mina hasta el río Guadalquivir, que pretenden verter gran cantidad de metales pesados altamente contaminantes a escasos metros del casco urbano.
Entonces, la Sra. Mirmam Castillo, titular del Juzgado nº 5 de Sevilla, otorgó rápidamente esa licencia, el 22 de marzo de 2007, apenas una semana después de que la empresa minera se lo solicitara, mientras que la media habitual de tiempo que su juzgado tarda en resolver este tipo de medidas cautelares suele ser de 2 mesesEcologistas en Acción se personó en defensa del Ayuntamiento de La Algaba, presentando las oportunas alegaciones, considerando escandaloso que la Magistrada Juez basara su decisión exclusivamente en los perjuicios económicos que supuestamente iba a sufrir la Mina con el retraso de la licencia, mientras que obviaba olímpicamente cualquier consideración basada en el interés general de defensa del Medio Ambiente o de la salud de los ciudadanos de La Algaba.
Ahora el Tribunal Superior enmienda la plana a la Sra. Mirmam Castillo sentenciando que no se ha acreditado con suficiente rigor el supuesto perjuicio económico de la Mina, que las medidas cautelares dictadas prescinden de la apariencia de buen derecho y que van más allá del acto administrativo que impugnaba la propia empresa minera.Ecologistas en Acción considera que esta sentencia firme del alto tribunal deslegitima el cambio de rumbo tomado por el pleno del Ayuntamiento de La Algaba a finales de septiembre, cuando a la vista de la licencia otorgada por la jueza, aprobó un convenio económico con la Mina de Las Cruces por el que se comprometió a facilitar los trámites de la licencia a cambio de 600.000 euros.
Ecologistas en Acción, exige ahora a todos los concejales, de IU, del PP y del PSOE, que aprobaron el convenio con Las Cruces, que regresen a la defensa de los intereses generales de los ciudadanos que representan, frente a las razones exclusivamente económicas de la Mina y de una jueza que se extralimitó en su decisión, y que ahora ha sido enmendada contundentemente.
Estos concejales tienen que revocar el convenio aprobado y, en defensa de la salud de los algabeños y en cumplimiento de las normas urbanísticas de La Algaba, tienen que evitar que la Mina de Las Cruces vierta en La Algaba sustancias cancerígenas al río Guadalquivir como Cadmio, Mercurio, Selenio, Plomo, Arsénico, etc. Tienen por tanto que exigir a la Mina que depure totalmente sus aguas residuales tóxicas, y que en consecuencia, las reutilicen en su proceso productivo mediante la implantación de un sistema de VERTIDO CERO.
Ecologistas en Acción hace en este caso un llamamiento especial a la dirección provincial de IU para que conmine a su Alcalde de La Algaba José Luís Vega a que aplique las tesis ecologistas que teóricamente defienden en sus programas electorales, enfrentándose si es necesario a una multinacional minera que sólo obedece a criterios de rendimiento económico y que desprecia profundamente la posibilidad cierta de que se produzca en La Algaba un vertido incontrolado al río Guadalquivir, de consecuencias similares o peores al desastre de Aznalcóllar.
Fuente: Ecologistas en acción
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