La juez reclama informes antes de paralizar la actividad en Las Cruces

La paralización de toda actividad en Cobre Las Cruces está en el aire a la espera de los informes solicitados por la juez del caso a la Confederación Hidrográfica y la Consejería de Innovación. Su objetivo es comprobar si, como dice la empresa, el paro puede ocasionar inundaciones.La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Cristina Escribano, está a la espera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sendos informes técnicos al objeto de resolver sobre la imposición o no de medidas cautelares sobre las excavaciones protagonizadas en suelos de Gerena, Guillena y Salteras por la compañía minera Cobre Las Cruces, contra cuya directiva se querelló en septiembre pasado la Fiscalía de la Audiencia Provincial ante la posible comisión de delitos medioambientales y de daños continuados. Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que la juez, que ha recogido la querella formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, que cuantifica en 322.381,60 euros los daños ocasionados por la explotación minera al dominio público, ha solicitado los informes técnicos para adoptar una decisión en cuanto a la posibilidad de dictar medidas cautelares de suspensión de la actividad del complejo minero de esta filial de la multinacional canadiense Inmet Mining. En concreto, y según las fuentes, la hipotética suspensión cautelar de la actividad del complejo estaría plenamente “condicionada” a que ambos informes técnicos coincidieran en señalar que tal paralización judicial de los trabajos no produciría “daños superiores” a los ya sufridos por el acuífero Niebla-Posadas y a que tampoco sufriera “perjuicios” la propia empresa Cobre las Cruces, cuyas excavaciones ya paralizó el pasado mes de mayo la Consejería de Innovación. El escenario, de esta manera, responde a la iniciativa de la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, María José Segarra, de formular una querella contra la directiva de la compañía a cuenta de la posible comisión de delitos contra el medio ambiente y de daños continuados, extremo que a su vez deriva de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra Cobre las Cruces por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos ilegales y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Cabe recordar al respecto, que tales irregularidades motivaron que la Confederación suspendiera la concesión administrativa otorgada a Cobre las Cruces para el aprovechamiento del acuífero, si bien tal suspensión fue posteriormente levantada a tenor del riesgo de inundación y derrumbe que sufría la corta minera, por lo que le permitía actuar sobre las balsas exteriores. No obstante, sigue aún vigente la paralización ordenada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa sobre las excavaciones de la corta.